Promotores avisan de “seria” falta de suelo para vivienda nueva en València e “inseguridad” por la “marea” de leyes

Estas problemas, junto a los precios “inalcanzables” para los jóvenes, se debatirán en el III Congreso Nacional de Vivienda

VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez-Pintado, y el de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Valencia (APROVA), Antonio Olmedo, han advertido del “serio” problema de disponibilidad de suelo en València para edificar obra nueva, con terreno solo para “dos o tres años”, la escalada de precios que hace “cada vez más inalcazable” para los jóvenes el acceso a la vivienda y la “marea” legislativa en la Comunitat Valenciana que genera “inseguridad jurídica” a las empresas a la hora de construir nuevas promociones.

Todos estos asuntos centrarán el debate del III Congreso Nacional de la Vivienda, que se celebrará en València los días 20 y 21 de septiembre, según han explicado este martes, en un encuentro con los medios de comunicación, los responsables de APROVA Y APCEspaña, junto al director de la Cátedra del Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, Fernando Cos-Gayón.

Olmedo y Gómez-Pintado han desgranado algunas de las líneas que se abordarán en este evento, en el que se incidirá en las necesidades del sector, las nuevas tendencias de construcción y sus retos, como la importancia de “dar satisfacción a ese mandato constitucional de la cobertura vivienda para todos”.

Sobre este último punto, el presidente de APCEspaña y ASPRIMA ha reivindicado que la vivienda “es un derecho” y un “pilar fundamental del estado de bienestar”, por lo que ha reivindicado que la legislación en esta materia se desarrolle desde un “criterio unificado entre fuerzas políticas”, en vez de “que se esté modificando cada dos por tres” su marco.

En ese sentido, ha pedido no “legislar desde el punto de vista ideológico en el mundo del alquiler” porque provoca “que se retire producto del mercado y que lo poco que queda se encarezca, impidiendo el acceso a las familias”.

El presidente de APCEspaña ha incidido además en “la necesidad de combinar legislación con derogación de legislación obsoleta” y ha advertido que “las comunidades autónomas tienen la capacidad de generación de decretos leyes” de tal forma que “cada vez que hay un cambio político en la administración parece que lo que hizo el anterior no vale para nada”.

PROYECTOS DE LEY Y MODIFICACIONES DE LA LOTUP

En esa línea, Antonio Olmedo se ha referido, por su parte, a una “marea legislativa” en la Comunitat Valenciana con tres proyectos de ley relativos a las viviendas colaborativas, a la ley de barrios y a la de grandes tenedores, que “generan de entrada una situación de inseguridad jurídica” sobre la forma en la que se definan, más aún al llegar en los últimos meses de legislatura, y que “tendrán efectos en las actuaciones de inversión de las empresas”.

En particular, ha criticado que la ley de viviendas colaborativas “discrimina a la empresa privada” en cuestiones como los beneficios fiscales, mientras que también ha reprochado que la de grandes tenedores aluda en concreto al “acoso inmobiliario”.

Además, ha incidido en que a ellas se suman tres borradores de decretos relativos a la vivienda y ha señalado que este mismo lunes se publicaron cerca de una treintena de nuevas modificaciones de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP), para “acomodarla a una exigencia inmediata” que ha sido la implantación de Volkswagen en Sagunt”. “Puede venir otro y poner lo contrario”, ha comentado.

SUELO PARA “DOS O TRES” AÑOS

Otra de las problemáticas que las patronales han puesto de relieve es el “problema severo del suelo” en València, ya que “no hay suelo razonable para atender la demanda” y se producen subidas de precios.

En ese sentido, Fernando Cos-Gayón ha avanzado algunos datos del informe periódico del Observatorio de la Vivienda de la UPV sobre la situación inmobiliaria de la ciudad y su área metropolitana, que se publicará próximamente y que refleja que en el primer trimestre del año la oferta de obra nueva se ha reducido un 17% respecto al año anterior, cuando en 2021 la oferta ya había bajado un 55%. Además, ha añadido que, si en València se construyen 3.000 viviendas al año, queda suelo urbanizable para entre 7.000 y 9.000, lo que equivaldría a “dos o tres años”, una situación “alarmante”.

Esta coyuntura “lleva a precios absurdos” y “menos viviendas”, por lo que “está siendo cada vez más inalcanzable ese acceso a la primera vivienda” para la juventud, ha expuesto, antes de lamentar que “un joven no puede comprarse una vivienda de obra nueva en la ciudad y le cuesta en el área metropolitana”. “Si no acceden a la vivienda, la alternativa es el alquiler”, pero “los precios están por las nubes” y solo dos barrios de la ciudad tienen un precio de alquiler por debajo de la cuota de una hipoteca, ha advertido.

Además, ha lanzado un mensaje a las administraciones para advertir que “no todo el suelo disponible es suelo viable” ni adecuado para ser “rentable”. Sobre este punto ha ahondado Juan Antonio Gómez-Pintado, que ha apuntado a que los promotores promueven “donde la demanda quiere estar” y pueden decidir marcharse a otras ciudades antes de optar por el suelo disponible fuera de València.

Por su parte, Olmedo ha apuntado que la “capacidad de absorción” de esta necesidad de suelo en los PAI del Grao y Benimaclet está en una “situación de indefinición”, y que en el caso de Benimaclet, la vicealcaldesa, Sandra Gómez, abrió la puerta a subir la edificalidad, pero días después de sus declaraciones Compromís se pronunció en sentido contrario. Además, ha subrayad la necesidad de actualizar el Plan General de Ordenación urbana (PGOU), que data de 1988 y obedece a las “exigencias de aquella época”.

EL “IMPUESTO INVISIBLE” DE LA PARALIZACIÓN

Por otra parte, los presidentes de las patronales promotoras han puesto el foco en el “problema de paralización del urbanismo”. Gómez-Pintado se ha referido a este parón como un “impuesto invisible” porque, según un estudio que realizó la asociación en Madrid, los retrasos en las licencias pueden encarecer los proyectos hasta un 37%.

Y es que, mientras no se obtienen los permisos, ha señalado que se producen aumentos de tipo de interés y que las empresas sufren también costes de oportunidad y tienen que mantener a su personal. Por ello, reclama que “las administraciones mejoren sus procesos de digitalización”.

En clave valenciana, Olmedo ha detallado que en la Comunitat Valenciana se tarda “el doble” de tiempo en realizar todos los trámites que en construir un proyecto de euros 18 meses de obras, y que solo la asignación de técnico se demora entre 6 y nueve meses.